En el contexto educativo actual, profundamente influenciado por la transformación digital, la conectividad ha dejado de ser un elemento accesorio para convertirse en un factor estructural que condiciona el acceso, la permanencia y el éxito escolar. La experiencia global de la pandemia por COVID-19 visibilizó, de manera contundente, las brechas tecnológicas existentes entre estudiantes de diferentes territorios y grupos socioeconómicos, lo que ha llevado a repensar el rol de la conectividad no solo como un recurso técnico, sino como un derecho educativo vinculado a la equidad y la justicia social. 

Diversos estudios han evidenciado que la conectividad digital, cuando es adecuada y significativa, puede potenciar la motivación intrínseca, fortalecer la autonomía en el aprendizaje y aumentar el compromiso académico de los estudiantes. Sin embargo, este potencial solo se concreta cuando existen condiciones mínimas de equidad que garanticen acceso universal, alfabetización digital y acompañamiento pedagógico sostenido. En este sentido, la motivación del estudiante no depende únicamente de los dispositivos o plataformas disponibles, sino del uso formativo que se haga de ellos, de la calidad del vínculo educativo, y del grado de inclusión tecnológica que promueva cada institución.

 A partir de este enfoque, resulta imprescindible analizar cómo las políticas educativas y las prácticas escolares están abordando la integración de la conectividad en función del desarrollo integral del estudiantado. Más allá de proporcionar recursos tecnológicos, el verdadero reto radica en convertir la conectividad en una herramienta de transformación pedagógica y social que permita reducir desigualdades y fomentar una ciudadanía activa, crítica y comprometida. Es menester reflexionar sobre las relaciones entre conectividad, motivación y equidad, y proponer claves que fortalezcan el compromiso de los estudiantes en el marco de una educación más inclusiva, participativa y digitalmente justa.